domingo, 30 de octubre de 2011

EL PERU DE SIEMPRE

Aquí, en nuestro Perú, ocurren cosas muy raras. Por ejemplo, la Compañía Telefónica adeuda al Estado, por concepto de impuestos, la friolera de S/ 2,500.00 (dos mil quinientos millones de soles); posiblemente les sale mas barato el pagar a un Estudio de abogados, que abonar la deuda. Ahora bien, la SUNAT, organismo encargado de los cobros, a cualquier ciudadano que, por equis motivos, no paga sus impuestos, de inmediato le pone “la soga” al cuello. De grado o fuerza, le despoja hasta de su cama. ¿Porqué tanta consideración con las grandes empresas? En otros países, Estados Unidos por ejemplo, el no pagar impuestos es un delito muy grave; que se paga con carcelería, que lo diga Al Capone. Ya es hora de cambiar las leyes respectivas, y aplicarlas de inmediato; el no pagar impuestos es un robo al Pueblo Por otro lado, muchos de los que usamos los servicios de la Telefónica, sabemo9s que esta no nos perdona ni un céntimo; si alguna vez nos retrasamos en el pago, de sus servicios, nos atosiga con llamadas impertinentes. En pocas semanas se va a cumplir el contrato que el Estado mantiene con la Telefónica, que mejor ocasión para terminar con ese convenio y buscar otra compañía que la sustituya, pero haciendo constar en ese nuevo contrato, que el pago de impuestos debe ser puntual so pena de revocarlo, de inmediato. Los “doctos” colaboradores de “El Comercio”, nada dicen al respecto. ¿Será, tal vez, que este diario no lo publica, para no perder los millonarios ingresos por publicidad? ¡Quién sabe?
Nuevamente nuestro Congreso, entre sus miembros, cuenta con personas de conducta dudosa, ignorantes de las leyes más elementales, algunos de ellos con procesos penales. ¿De quien es la culpa, para que estos malos elementos formen parte, del más importante de los poderes del Estado? Indudablemente los culpables son: Las agrupaciones políticas que los acogieron, pero la mayor culpabilidad, es del Jurado Nacional de Elecciones, que los inscribió sin verificar sus antecedentes y la veracidad de los documentos que presentaron, al momento de hacerlo. A estos funcionarios, además de destituírseles debiera penalizárseles con diez años de incapacidad, para optar cargos públicos. ¡Vamos señor Ollanta, cumpla con lo prometido y, basta de robos y corrupción!